Mauricio Fioroni, del estudio SPU Abogados, presentó un pedido de investigación ante Presidencia de la República para conocer el proceso de autorización del proyecto arquitectónico Las Garzas.
Continúa la polémica por el emprendimiento Las Garzas que se está llevando adelante en la zona de la Laguna Garzón, en el Departamento de Rocha. Un inversionista argentino propuso destinar parte de una tierra, de gran valor desde el punto de vista ecológico, a la construcción de un barrio privado próximo a la zona de José Ignacio. Según los datos que pudo obtener Producción Nacional, algunos de esos terrenos ya se estaban vendiendo por más de US$ 1:000.000 en Buenos Aires.
Pero el emprendimiento concitó la atención pública por la forma en que fue autorizado. Después de algunas idas y vueltas, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) autorizó el emprendimiento sin que se realizara un estudio de impacto ambiental. A comienzos de este año el Estudio de Abogados SPU Sociedad Civil y la organización no gubernamental Vida Silvestre presentaron un recurso de amparo ante la Justicia por este proyecto, que fue denegado por una magistrada de Rocha. Sin embargo, en la misma sentencia en la cual la jueza Jacqueline Enríquez no hizo lugar a la acción de amparo, se señaló que durante la investigación se habían constatado “desprolijidades administrativas” y también “pactos caballerescos” entre el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Rocha.
Estos grupos demandantes, particularmente SPU Abogados, antes de recurrir a la Justicia nuevamente y así comenzar un juicio que puede durar algunos años, decidieron presentar un pedido de investigación ante la Presidencia de la República. En este ámbito fueron recibidos por el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, quien se comprometió a iniciar una investigación.
Para conocer en qué etapa se encuentra dicha investigación es que en Producción Nacional entrevistamos al doctor Mauricio Fioroni, integrante de Estudio SPU Abogados.
Alejandro Landoni — El ministro de Vivienda y de Medio Ambiente (Carlos Colacce), aseguró a Ultimas Noticias que Miguel Ángel Toma nunca encomendó ningún tipo de información y que tampoco se iba a iniciar una investigación administrativa. Sin embargo, ustedes aseguran otra cosa.
Mauricio Fioroni — Nosotros iniciamos la demanda de amparo como una medida de protección necesaria, con las características de urgencia que tenía el caso. Ese proceso fue desestimado por el juez, aunque en la propia sentencia se nos da la razón en muchísimos de los aspectos y, simplemente se considera que la vía por la cual optamos no era la adecuada. Allí se dice que debíamos ir a un juicio ordinario, que como usted dijo, es un juicio que lleva mucho tiempo y a los efectos creímos que no nos iba a aportar mucho, porque queríamos evitar el hecho consumado. No nos servía discutir dos años a nivel judicial para que después hubiera una sentencia pero ya hubiera 50 o 60 casas ahí y ya se hubieran modificado las cárcavas, con todo lo que eso implica para el sistema de evacuación de aguas hacia la costa y drenaje natural del terreno. Por eso fue que hicimos la demanda de amparo. La jueza consideró que en realidad 500 casas no se hacen de un día para el otro, lo entendió así.
Una vez que termina el proceso por esas cuestiones formales, como nunca tuvimos respuesta en los temas sustanciales que nosotros estábamos planteando, que eran afectaciones importantes al medio ambiente, decidimos tener un acercamiento con el Poder Ejecutivo para razonar y conversar sobre el tema en términos amigables, en el sentido de que evidentemente había cierta tozudez de parte de la Administración en una decisión que no querían rever, y a nosotros estábamos interesados en manifestarle cuál era nuestro punto de vista y por qué nos estábamos oponiendo al proyecto.
A.L. — Ahí es donde Toma le dice que se va a investigar, ahora Colacce dice que no se estaba investigando y que de hecho no recibió ningún pedido del propio Toma. Ustedes plantean una cuestión distinta…
M.F. — Claro, nosotros iniciamos de forma telefónica el acercamiento y la propia Secretaría de la Presidencia nos planteó que lo hiciéramos por escrito, porque les parecía que era un tema que ameritaba prestarle atención por la gravedad de las denuncias que estábamos presentando nosotros.Entonces, en esos términos nos presentamos y eso disparó un proceso dentro del Poder Ejecutivo, que quizás se pueda llamar de investigación o… no sé, se le puede poner algún nombre para decir que no existe, pero el proceso se inició, se le dio trámite, se le pidió información al Ministerio de Vivienda y a nosotros nos parece que eso es una investigación que está haciendo la Presidencia de la República.
A.L. — ¿Qué piensa de lo que dijo Colacce? ¿Cree que el ministro mintió?
M.F. — Bueno, no quisiera hacer esa afirmación. Sería grave que estuviera pasando eso, supongo que quizás lo que quiso decir fue que el término “investigación administrativa” no correspondía, él capaz que caratuló de otra manera el expediente. Quizás el expediente se llama “Pedido de información” y él lo considera un pedido de información y no una investigación.Para mí, cualquier pedido de información es que de alguna manera uno está investigando.
A.L. — ¿A usted le consta que se pidió la información desde Presidencia al Ministerio de Vivienda?
M.F. — Sí, hay un trámite; tenemos un número de expediente, comparecimos más de una vez en ese expediente e inclusive agregamos hechos nuevos que fueron surgiendo en la marcha. Incluso hablamos con la abogada que fue elegida dentro del Ministerio para hacer el informe para la Secretaría de Presidencia. Estamos seguros que hay un expediente y que ese tema se está investigando y estudiando.
A.L. — ¿Estos pedidos de información o estos procesos de investigación tienen algún plazo para expedirse?
M.F. — No. Nosotros pretendemos que sean plazos razonables; no hay un plazo procesal legal, simplemente son los plazos que surjan del sentido común, porque es un plazo que nos estamos dando mutuamente, o por lo menos, nosotros le estamos dando a la Administración, antes de iniciar acciones judiciales.Entonces, cuando veamos que transcurrió un plazo mayor al que consideremos que era suficiente más un plus para contestarnos, dejaremos de tener expectativas en una respuesta ya sea favorable o negativa, e iniciaremos la parte judicial que es la segunda etapa, como estaba previsto antes que hiciéramos esta instancia de negociación.
Juan Pablo Méndez — En la investigación que le presentaron a Miguel Ángel Toma se hablaba también de un movimiento en los funcionarios de la Dirección de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, concretamente de dos profesionales que habían actuado en la causa de Las Garzas o por lo menos que tenían opiniones al respecto (opiniones contrarias a las del Ministerio). Si tengo bien entendido uno de ellos fue removido de su cargo o por lo menos se lo trasladó a otra Sección de la Dirección y otro arquitecto presentó la renuncia.
M.F. — Es así.
J.P.M. — ¿Cuáles son los motivos por los cuales se dio esta remoción y esta renuncia?
M.F. — Ahí entraríamos en un campo de situaciones que afectan a personas particulares, que más allá del reflejo que pueda tener sobre el caso, involucra aspectos privados de cualquiera de los dos funcionarios que de forma legítima están actuando.Uno de los funcionarios decidió no pertenecer más al Organismo y al otro funcionario le fue cambiado su destino, en un trabajo que venía haciendo desde hace bastante tiempo.
J.P.M. — Más allá de los casos personales, me refería a que los dos mostraron opiniones o visiones técnicas en contra del proyecto, diciendo que iba a haber un impacto ambiental importante.
M.F. — Sí es así. Los dos técnicos consideraron que este proyecto era muy negativo.
A.L. — ¿Usted le asigna a la renuncia y a la remoción que las autoridades aplicaron por reestructura, algún tipo de vinculación con este caso? Se lo pregunto porque el Director Nacional de Ordenamiento Territorial, Manuel Chabalgoity, descartó que una cosa tuviera relación con la otra.
M.F. — Uno de los técnicos elaboró un informe a solicitud nuestra y en su carácter de docente de la Universidad de la República — y en su carácter de profesional independiente —, elaboró un informe para nosotros y para la ONG Vida Silvestre respecto al tema. En ese informe hizo importantes manifestaciones, y a partir de eso se da determinado movimiento en el Organismo en el cual estaba participando, entonces…
A.L. — ¿Hay como una causalidad?
M.F. — Sí. No quiero profundizar en ese tema porque me parece que involucra actitudes que los dos técnicos están tratando de manejar de la mejor manera posible y podría llegar a estar interfiriendo en acciones privadas que no quisiera, porque en realidad, lo que nos interesa es el proyecto en sí y el efecto que puede causar para ese lugar y más que para ese lugar, para toda la zona.
A.L. — ¿Hay indicios suficientes como para — más allá de esta investigación que estaría realizando la Presidencia—, presentar una denuncia ante la Justicia por el tema de fondo?
M.F. — No le puedo decir si hay situaciones de tipo penal a la vista porque no es nuestra especialidad y no estamos profundizando en esos aspectos. Nuestra intención en este caso en particular es un tema ambiental y de ordenamiento territorial y queremos circunscribirlo en eso, no nos gustaría tener que entrar en estos otros terrenos que no nos interesan. La única preocupación que tenemos es ver si realmente en este país uno puede hacer una ciudad contra la costa, en la playa entre la Laguna Garzón y la de Rocha, sin hacer un estudio completo de impacto ambiental. Eso es lo que queremos saber. Si eso se confirma, después se verá.
J.P.M. — Usted decía que no hay ningún documento que nos garantice a los uruguayos en general que la construcción de este proyecto no va a tener impacto ambiental alguno.
M.F. — Claro, no hay ningún informe.
J.P.M. — ¿Quién tendría que hacer ese informe?
M.F. — Si nosotros demandamos y decimos que esto va a tener un impacto ambiental importante, a mí me debería contestar la autoridad ambiental en este país que no va a tener un impacto ambiental importante y explicarme los motivos. En un juicio — o sea, lo estamos llevando a nivel judicial con las mayores garantías y la mayor transparencia—; me tendría que decir: “No, SPU, ONG Vida Silvestre o a quien sea; esto no va a causar perjuicios importantes al medio ambiente y por tal motivo, tal otro y tal otro. Firmado: tal experto en temas ambientales”. Eso no lo han hecho. Lo que han hecho es decir: “No SPU, usted se presentó 30 días tarde. No SPU, usted no puede presentarse porque no tiene Personería Jurídica”, etc. Ese es el problema. Nadie nos ha dicho: “Esto que están diciendo ustedes está equivocado”. “El informe que presentaron del biólogo está equivocado”. “El informe que presentaron del geólogo está equivocado.” “El informe que presentaron del arquitecto el doctor en Ordenamiento Territorial está equivocado”. No sé, alguien que lo firme y diga: “No, esto no es así”.
Antes de despedirme, quiero agradecerle el espacio en su programa, porque creo que es importante que estos temas estén en la opinión pública y que la gente tenga una acción proactiva, porque las cosas que pasan, el cambio climático y cualquier situación que uno ve que está pasando en el entorno nos está pasando a todos, y no tenemos que descargar todas las responsabilidades y todas las acciones solamente en el Gobierno y en las Autoridades, sino que tenemos que ser responsables también de donde vivimos y de cómo vivimos.
